Ordena SCJN que funciones operativas y administrativas de la Guardia Nacional regresen gradualmente a la SSPC
Redacción
México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado este jueves que las funciones operativas y administrativas de la Guardia Nacional (GN) sean regresadas gradualmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que se trasladaran a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con una votación mayoritaria de nueve contra dos, cuyos sufragios fueron de los ministros Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel Mossa, el pleno de la SCJN aprobó el proyecto de resolución del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que pretende desincorporar a la GN de la Sedena paulatinamente.
Dicha separación deberá tener efecto a partir del 1 de enero de 2024, esto con el fin de dar el tiempo necesario para el cambio de operaciones entre ambas secretarías.
“Propongo postergar el surtimiento de validez al 1 de enero del 2024, de tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el ajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la GN que, por mandato del Artículo 21 constitucional, corresponde a la secretaría del ramo de Seguridad Pública”, explicó el Ministro.
Con dicha prórroga, prosiguió Alcántara Carrancá, se busca privilegiar la certeza jurídica en el control y operación de la GN; así como en el estatus jurídico de quienes la componen a través de asegurar y respetar la integración de las provisiones necesarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El pasado 18 de abril, la Corte consideró que el decreto para el traspaso supuso un “fraude a la Constitución” y con los votos a favor de ocho de los 11 ministros, se declaró inconstitucional que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa.
La decisión que representa un revés para el Presidente mexicano, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
En el corto plazo, no se prevé que la decisión genere un impacto en el manejo que tienen los militares de la seguridad pública, pero sí podría obligar a López Obrador a fortalecer hasta que culmine su sexenio a finales del 2024, el rol de las corporaciones policiales civiles que se han debilitado en este Gobierno, según estimaron los analistas.
Con el voto a favor de ocho de los 11 ministros el máximo tribunal declaró inconstitucional que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército. Con López Obrador, la Guardia Nacional había ido asumiendo cada vez más funciones en el ámbito civil como las aduanas, los aeropuertos y hasta la vigilancia en el Metro de Ciudad de México.
Los ministros estimaron que el decreto promovido por López Obrador viola el Artículo 21 de la Carta Magna y representa un “fraude a la Constitución”.
Así lo planteó el Ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara en su proyecto de sentencia al reconocer que era “inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando” de la Guardia Nacional al Ejército.
Durante el debate, la también Ministra Margarita Ríos Farjat indicó que el decreto presidencial dejaba en entredicho el carácter civil y adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública e implicaba un “riesgo” de seguridad jurídica debido a que se tenía un órgano que respondía a dos secretarías, una civil y otra castrense.
Con esta decisión, el manejo de la Guardia Nacional deberá retornar a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana tal como se venía aplicando desde que se constituyó el cuerpo en el 2019 tras la eliminación de la policía federal.
El traspaso fue aprobado en septiembre por el Congreso, controlado por oficialismo, como parte de una reforma legislativa que promovió López Obrador en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y activistas que la consideraron un avance en el proceso de militarización en México.
