Darán a Federación rancho incautado a Javier Duarte
Redacción
México.- El lujoso ‘Rancho Las Mesas’, incautado al ex Gobernador priista Javier Duarte en 2016, será entregado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, perteneciente a la Federación, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El abandono definitivo de la propiedad de 90 hectáreas, ubicada en Valle de Bravo, Estado de México, fue el motivo de la decisión, detalló la FGR.
«La FGR obtuvo en definitiva la declaratoria de abandono de una propiedad denominada ‘Rancho Las Mesas’. Su declaratoria de abandono ha quedado firme, por lo que el inmueble será entregado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado», se precisó.
El «Rancho Las Mesas» le fue asegurado a Moisés Mansur Cysneiros, señalado como prestanombres del ex Mandatario priista, y a quienes las autoridades buscan por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mansur Cysneiros está prófugo de la justicia en Canadá y la FGR no ha conseguido su extradición.
¿Cómo es el rancho incautado a J. Duarte?
El rancho de Duarte, quien estuvo en la Gubernatura de Veracruz de 2010 a 2016, y quien se encuentra preso en México, tras ser extraditado desde Guatemala, tiene caros materiales de construcción, amplias instalaciones destinadas para caballos y era aprovechado por familia y amigos del ex Mandatario para vacacionar los fines de semana.
Entre otras cosas, también se encontró un espejo de agua, un camino de piedra, para andar a caballo o motocicleta, una vista panorámica al bosque, un granero revestido de teja, un ruedo de entrenamiento para caballos, y una casa habitación.
En junio de 2022, se pensó que el rancho iba a ser utilizado en donación por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Desde septiembre de 2018, el político veracruzano se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y tras negociar un procedimiento abreviado, su sentencia fue de apenas 9 años de prisión.
También enfrenta otro proceso federal por delitos electorales, al presuntamente cancelar el presupuesto previsto para el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), y dos en el fuero común por incumplimiento de un deber legal y peculado.
