FGR obtienen orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo
Redacción
México.- La Fiscalía General de la República aprehendió a tres de los presuntos «factureros» relacionados con el caso de delincuencia organizada y lavado de 2 mil 950 millones de pesos, por el que están prófugos Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont. La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de un comunicado que obtuvo órdenes de aprehensión contra la pareja por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los detenidos son Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras, quienes ya fueron internados en penales federales de alta seguridad, según lo informado por la FGR.
La FGR también dio a conocer que ya obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En septiembre pasado, el juez de Iván Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal del Almoloya de Juárez, giró 12 órdenes de aprehensión contra supuestos implicados en una red de corrupción institucional y empresas “factureras” que habrían lavado 2 mil 950 millones de pesos de dos contratos del sistema penitenciario.
En un primer término, como líderes de la supuesta red de lavado, la FGR colocó a Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, así como a 5 exfuncionarios penitenciarios y 5 personas que aparecían registrados como accionistas o representantes de las compañías de papel.
Desde el 10 de septiembre, el paradero de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se desconoce, a pesar de que ya existe una orden de aprehensión de la Interpol.
Sin embargo, hace unos días comenzó a correr el rumor de que la pareja tuvo un acercamiento con la FGR para colaborar y tratar de obtener una oportunidad que les permita llevar su caso fuera de prisión, en caso de obtener una sentencia condenatoria baja.
Con el objetivo de evitar caer en la cárcel, la pareja otorgaría información a la dependencia federal para ubicar, detener y procesar a empresarios y exfuncionarios públicos.
