Gobierno de México ordena la expropiación de planta de hidrógeno de empresa francesa en refinería de Pemex
Redacción
México.- El gobierno de México ha emitido un decreto presidencial ordenando la expropiación y ocupación definitiva de una planta de hidrógeno perteneciente a la empresa francesa Air Liquide, ubicada en la refinería de Tula, en Hidalgo, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta acción, publicada el jueves en el diario oficial, marca un paso significativo en los esfuerzos del gobierno por garantizar la autosuficiencia en combustibles y proteger la producción de gasolinas y diésel en el país.
El decreto presidencial, que sigue a una orden previa de ocupación temporal en diciembre pasado, establece la ejecución inmediata de la expropiación de la planta de hidrógeno denominada U-3400, a favor de Pemex Transformación Industrial (PMI). La medida busca asegurar que la refinería de Tula tenga acceso continuo a este recurso crucial para su operación.
Air Liquide, con sede en París, aún no ha comentado sobre la situación, pero el gobierno mexicano ha dejado claro que la interposición de cualquier recurso legal por parte de la compañía no detendrá la ejecución inmediata de la expropiación. Además, se establece que PMI debe realizar el pago de una indemnización conforme a la Ley de Expropiación, aunque no se especifica el monto de esta compensación.
Los interesados tienen un plazo de diez días hábiles para impugnar el monto de la indemnización, según lo dispuesto en el decreto. La Secretaría de Energía ha respaldado esta medida argumentando que la dependencia de la refinería de Tula del hidrógeno suministrado por terceros representaba un riesgo para la producción de gasolinas y diésel en dicha instalación.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha estado en funciones desde diciembre de 2018 y concluye en octubre, ha priorizado la búsqueda de la autosuficiencia en combustibles mediante inversiones millonarias en el sector de la refinación. Esta expropiación forma parte de los esfuerzos más amplios del gobierno por fortalecer la infraestructura energética del país y proteger los intereses de Pemex en la industria petrolera nacional.
