Reforma energética: entre estabilidad financiera y riesgos ambientales
La reciente reforma energética aprobada en la Cámara de Diputados ha sido vista con opiniones encontradas por parte de especialistas en medio ambiente. Por un lado, se aplaude el esfuerzo por asegurar la estabilidad financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), pero por otro lado, se advierte sobre el riesgo de aumentar la contaminación ambiental debido a la dependencia continua de combustibles fósiles en lugar de energías renovables.
Carlos Asúnsolo, investigador del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que la reforma suprime una cláusula importante que daba prioridad al uso de energías renovables sobre hidrocarburos, como el petróleo y el gas. Esto, explicó, implica una reducción en el compromiso del Estado hacia una transición energética más limpia, lo que en última instancia seguirá fomentando el consumo de combustibles contaminantes.
“La reforma no representa un avance hacia la soberanía energética ni contribuye a cumplir los compromisos de México respecto al cambio climático. Aunque el gas es una opción menos contaminante que el petróleo, sigue siendo una fuente significativa de emisiones”, explicó Asúnsolo, destacando que casi el 80% del gas consumido en México proviene de Estados Unidos, lo que desvirtúa la idea de que esta reforma incrementa la independencia energética del país.
Por su parte, José Antonio Salazar Andreu, académico de la Universidad Panamericana (UP), coincide en que la reforma, aunque refuerza la estabilidad financiera de Pemex y CFE, puede generar tensiones con socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, países con agendas medioambientales más estrictas. «El aumento en el consumo de combustóleo y carbón en los últimos años refleja las prioridades de la administración, pero va en contra de los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono», subrayó Salazar.
Ambos especialistas coinciden en que esta reforma, aunque crucial para la estabilidad financiera de las empresas estatales, es un retroceso en los esfuerzos para combatir el cambio climático y avanzar hacia una mayor adopción de energías renovables.
